La guerra
contra la Revolución se perfila desde lo económico. Como soldados, usa
empresarios y distribuidores dispuestos a frenar la cadena de producción u
distribución, y por balas, los anaqueles vacíos.
No se trata
de una guerra cuerpo a cuerpo. Por el contrario, un puñado de señores disparan
contra los muchos usando las oportunidades que les ofrece un país con una
industria apenas en construcción.
Ésta fase,
es como cada una de las intentonas que ha tenido la derecha de destruir la
Revolución, una batalla de poderosos contra los débiles con la aspiración de
tornarle a los últimos la existencia insoportable.
Si mucho
tiene este escenario de similar con el del Paro Petrolero del 2002, menester es
observar que el catálogo de cosas que ocultar ha visado notablemente cosas que
son tan necesarias para vivir y arraigadas en nuestras tradiciones, que
resultan casi invisibles.
Así, ésta
guerra cuyos disparos parecen destinados a todos en el anonimato tiene una
fuerza disímil en los estratos sociales, no tan sólo porque los altos pueden
buscar otras alternativas sino que no consumen con la misma intensidad
productos desaparecidos.
De éste
modo, las clases más altas consumen más trigo que harina de maíz, que es
siempre uno de los renglones que desaparece, sino que además, en sus puestos de
abastecimiento suelen faltar menos los productos que en aquellos que visan las
clases medias. Así, como una casualidad usted tendrá más oportunidad de
conseguirla en los centros del Este que en los del centro-oeste de Caracas, o
en el Excelsior Gama habrá más que en el Central Madeirense.
En
contraste, las clases más bajas, fueron dotadas de cercos de seguridad contra
el hambre por el Comandante Chávez y obtienen los productos con más dificultad
y espera pero, les faltan menos que a esa franja grande y compleja que es la
clase media, tan reactiva como poco interesada en vivir en el país o hacer
Patria.
¿Qué ha
desaparecido en Venezuela? Productos cuya selección parece develar algún
espíritu que por cruel se las da de cómico. Papel higiénico, pastas dentales,
jabones para fregar los platos, además de los renglones tradicionales del
azúcar, el pollo, el aceite, al que ahora se le suma el tema de la mantequilla.
A la
mantequilla, vale ponerse un poco a lo María Antonieta y decir, valga comer mayonesa pero el resto
de las cosas van creando una brecha de descontento que soporta la idea de la
guerra asimétrica y económica, tan sólo si el Estado logra frenar el proceso
que lo devela como desprovisto de herramientas contra los señores del Valle y
asociados que siguen en su frenético sueño de acabar con el Proyecto de país.
En una
semana un tanto intensa, pasé de Caracas al Zulia y del Zulia a los Andes, a
escuchar el mismísimo cuento. Al igual que por una ida a la Farmacia a comprar
dos antibióticos, un enjuague bucal, un atomizador para la garganta y dos cremas para la piel, por el módico
monto de la mitad del salario mínimo legal.
Del dicho de
todos a la experiencia propia, reviso con la lupa de las Gacetas Oficiales el
hacer de quiénes fabrican, realizan o se prestan para la guerra económica, lo
hago también con el eco de la voz de Nicolás Maduro que promete “los ganchos” a
los que atentan contra el derecho a alimentarse del pueblo.
Del ruido
que se escucha a las puertas del comercio un titular con nombre, foto y
apellido parece mitigar la imagen de incapacidad que pretenden pintar sobre el
Ejecutivo Nacional, sin embargo, pasado el momentáneo consuelo general, las
medidas de coerción individual me resultan poco efectivas.
Todos los
actos que se encadenan para configurar la guerra económica son en sí, delitos.
Lo es el acaparamiento, la usura, el re marcaje, la utilización de las divisas
nacionales otorgadas para producir para la reventa en el mercado negro pero
cuando se trata de delitos, el Estado tiene varias obligaciones y la primera no
es castigar, sino detener la comisión del acto.
Esto es
bastante sencillo, así, por ejemplo, si tomásemos el mercado de bienes y
servicios como un paciente que una cruel enfermera quiere envenenar, el Estado
a través de la Policía, al tener sospecha –o conocimiento- lo primero que ha de
hacer, es impedirle seguir inyectando venenos al paciente, luego, será el
tiempo de la investigación, del juicio y de la pena.
Por ello, lo
primero que hay que hacer es detener el proceso de desvío de las divisas, de la
no producción, de la destrucción de la producción, de la no distribución y del
contrabando de extracción en todas sus formas.
Sobre el
primer eslabón ya contamos con un enhorabuena. Pues, las últimas medidas del
Presidente visan el sistema de obtención de divisas y ya el Presidente Maduro
comenzó por cambiar su directiva, pero,
pareciera que una conexión de éste sistema con el Seguro Social, el Seniat y el
Indepabis pudiera otorgar los medios de control permanente que requiere la
defensa socioeconómica de Venezuela.
Lo considero
en el sentido que el Seguro Social ha de asegurar que estos señores le
garanticen todos y a tiempo cada una de las prestaciones a sus trabajadores y
trabajadoras, y su supervisión permanente podría ser un disuasivo para empresas
de maletín o aquellas que toman el dinero y se van.
El Seniat,
en conocimiento desde el momento de la obtención del dólar de importación hasta
la venta del producto fabricado, ha de presionar porque los impuestos de la
actividad comercial regresen en los montos de ley al Fisco Nacional y podrá
observar por las inspecciones de los libros la licitud de los movimientos.
El
Indepabis, considerando el costo de producción y los márgenes racionales de
ganancia, sobre los cuales existen medas internacionales, debe crear mecanismos
que regulen el precio de venta del producto en fábrica y en su distribución
final.
Al Indepabis
en esta batalla le corresponde ocupar la primera fila. Sus competencias, tan
complejas como diversas se simplificarían en el acto de prevenir, verificar y
sancionar las acciones de guerra económica que atenten contra una persona como
individuo o contra el colectivo.
Por ello,
para defender la Revolución se necesita el Indepabismás fortalecido que hayamos
tenido. Uno, con personal suficiente para desplegarse por todo el mapa. Algunos,
comunidad adentro conformando los Comités contra el Acaparamiento. Otros,
medios adentro, publicando diaria o semanalmente los precios y jornadas de
acceso a todos los productos desaparecidos. Otros, en sus oficinas atendiendo
diariamente a la población que denuncia, y por último, en diario desplazamiento
por todas las estructuras del comercio.
Legalmente,
el Indepabis tiene una debilidad: un exceso de competencias que sólo se
compensa con una estructura real, física y humana que pueda satisfacer todas las
metas que un conglomerado de leyes le han dado. Pero tiene también una
fortaleza, sus prerrogativas son amplias e incluso llegaron hasta
consideraciones penales en la última reforma de la ley.
Desde la
lógica del Estado venezolano, el Indepabis, como instancia del Ministerio del
Comercio forma parte del Ejecutivo nacional y en caso de requerirlo, debe el
Estado en general, colaborar en sus funciones. Sobre este aspecto se lee una
línea del Comandante, la de la Unión del pueblo con el gobierno, y con las fuerzas
armadas.
La guerra
económica afecta cada quincena de cada persona que vive o visita Venezuela, en
miles de puntos de la geografía nacional. El difícil acceso a alimentos o a
productos para la higiene más elemental pone en entredicho derechos humanos
esenciales como la salud y la alimentación. Es un problema que atacar desde la
Defensoría del Pueblo.
Son así
muchas las causas que llaman a la Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas a
tomar parte en la defensa del país, pero también, del pueblo en sus organizaciones
de base. Creo en el tema, que debe trabajarse en darle la forma a las
agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas, pero vale preservarle el fondo de
pueblo organizado contra la guerra económica y por la Patria, más allá de
centrarnos en aspectos constitutivos o formales de los mismos.
Para eso,
también deberá trabajar el Indepabis con el Ministerio de las Comunas pero
importa más que dos o más ciudadanos o ciudadanas se agrupen para exigir sus
derechos que esperar que el Estado venga con sus manuales a decir cómo, cuándo
y dónde.
Para todo
manual, la alianza de la Constitución con el Plan de la Patria, como documentos
fundamentales. Como todo norte, la defensa de la Revolución Bolivariana como el
mayor estadio de la justicia social y como proceso en construcción, y contra
todo dolor, la acción.
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