No todo en el derecho se da en el
plano de la igualdad, existen personas que mantienen con la colectividad una
relación jerárquica, en la que existen privilegios. Por eso, éstas personas
pueden reglamentar, ordenar, disponer e incluso limitar derechos y esto porque
se los permite la ley.
Esas personas, son los sujetos de
derecho público, el Estado en el sentido más amplio y tiene estos poderes para la
sociedad sea democrática, es decir, que lo general y lo mayoritario prive sobre
los intereses individuales.
Las Ciencias Sociales han trabajado
en explicar porqué es así, afirmando que la humanidad se hace en el espacio
colectivo, y que el individuo para
satisfacer todas sus necesidades necesita del otro y entre ellos es necesario
el derecho.
Ese conjunto de normas permite que
la gente pueda vivir en paz, teniendo conocimiento de lo permitido y de lo
prohibido, se impone tanto al Estado que lo crea y que lo aplica como a los
ciudadanos y ciudadanas de la colectividad de la que se trate.
Por ello, es que todo lo que hace el
Estado, que actúa a través del Presidente, de los Ministros y Ministras y de
los funcionarios y funcionarias goza de una presunción de legalidad, de validez
y de legitimidad que tan sólo se cae cuando se han ejercido los recursos,
seguido los procedimientos y llegado por la vía de la Administración o de los
Tribunales a una decisión que determine lo contrario.
La presunción de legalidad es también
un atributo de toda decisión dictada por el Consejo Nacional Electoral, como
cara visible del Poder Electoral y por ello, todo lo que hace es legítimo salvo
que seguido todo el procedimiento se demuestre lo contrario.
La subordinación, es decir, la
capacidad que tiene el Estado de imponerse incluso sobre la voluntad del
ciudadano o de la ciudadana para preservar el bien común y en específico, la
voluntad popular actúa también en este campo y esto no es ni compleja ni teórica.
Al buscar un ejemplo sencillo
veremos que las reglas del juego en sociedad son en lo esencial siempre las
mismas. Por ejemplo, si yo soy acusada de un delito y se sigue un juicio y se
me condena, la sentencia se ejecuta incluso si yo me opongo a ella. Me quedan
los recursos ante los Tribunales de más jerarquía y hasta tanto mi condena
sigue en pie, y sólo si, el procedimiento fue incumplido o mis derechos
vulnerados, aquella cambiará. Lo mismo ocurre, para todos y todas, en materia
electoral, conservando la misma regla todos los países cuyo derecho se
corresponde con el pensamiento occidental.
Caracas
@anicrisbracho
Este artículo de A Desalambrar no apareció en el Correo del Orinoco.
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