Es en virtud
del artículo 2 de nuestra Constitución que Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia. Esto significa que en nuestro
país la acción del Estado no es legítima con tan sólo acatar la ley sino
que debe igual e incluso, con más fuerza, procurar, la democracia, el bienestar
social y la justicia. Aquello, que sale de una clase básica de educación
ciudadana, hay que tenerlo debajo de la manga para cualquier argumento
destinado a convencer que, meter la lupa y la fuerza a los establecimientos que
desconocen el derecho, no es tan sólo legal sino una orden constitucional que
debe acatar el Poder Público Nacional.
Se sorprenderán algunos de saber
que la idea del Estado Social no es precisamente “culpa ‘e Chávez” sino que la
noción germana recorrió bastante tiempo Europa antes de pisar nuestro
Continente y hoy, en medio de la crisis económica que bate desde el 2008 el
viejo continente vuelve a ser un tema central para los ius publicistas.
Así podemos leer, por ejemplo, a
Embid Trujo, que desde España plantea “el
concepto de Estado Social de Derecho se refiere a las políticas de los poderes
públicos destinados a hacer realidad la proclamación a la igualdad que en los parámetros
del Estado de Derecho es, solamente, una igualdad jurídica y ahora se pretende
que lo sea además material. Con esas premisas, derechos y apoyos a los
desfavorecidos, la consecución de la igualdad formal propia del Estado de
Derecho, y sobre todo, el planteamiento de la inatacabilidad de las conquistas
sociales.”
Visto desde aquí, las acciones
que llevan a supervisar que los comercios cumplan con la venta con cálculos de
ganancias en bolívares, actuales y legales, constituyen un acto natural para el
Estado de Derecho. Pero lo central es que en el ajuste a esta norma se busca
proteger el salario como conquista social del pueblo venezolano.
De modo, que el salario deja de
ser sal que espera disolverse en el océano y se convierte en el mecanismo
mediante el cual el trabajo es el “hecho social [que] goza de protección como
proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las
necesidades materiales morales e intelectuales del pueblo y la justa
distribución de la riqueza.” (LOTTT)
Sobre esta comparación hay una
duda que surge evidente y es, que la lógica supondría que a mayor salario tiene
el comercio más campo y en consecuencia no existe enemistad posible entre estos
dos conceptos y aquello, sólo se mantiene si omitimos que en la economía juegan
de manera más clara que la oferta y la demanda los intereses sociales y
políticos de los participantes.
No es en Venezuela el sector de
bienes y servicios una cartera apetecible. Nuestra rudimentaria industria no lo
permite. El interés se encuadra en el sector petrolero meta última a recuperar
de la guerra económica, así como, bien como lo dice Carola Chávez para el pesar
de los “nuevos ricos” que ahora juegan para la derecha, entre la gente rica no
vale el dinero sino el abolengo.
Así, con la multiplicación por
miles no se busca aumentar las ganancias pues, podría sostenerse que más se gana
vendiéndole “mas a más personas” que “menos por más a menos personas” pero si
se mantiene la ley del menor esfuerzo y la de la mayor distancia. Un poco en
una lógica de la aristocracia decadente, para la oligarquía es mejor si las
clases bajas comen perrarina, y, si en vez de lavar a máquina lo hacen el río.
¿Por qué? Porque a mayor miseria
mas necesidad de trabajo y cuando esto pasa, la gente estudia menos y al estar
menos “capacitados” su trabajo es más barato y vuelven los tiempos de Señores y
privilegios, condenándo para siempre esta socialista aventura de igualdad que
“culpa’e Chávez” los carga por acá.
Caracas
